La Fiscalía de Bolivia ha abierto una nueva investigación contra el expresidente Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.
En 2009, un comando policial intervino un hotel en Santa Cruz y abatió a tiros a tres personas: el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro-rumano Arpad Magyarosi. Mario Tadic y Elöd Tóásó, quienes salieron con vida, denunciaron torturas tras su detención.
Contexto del operativo policial
El gobierno de Morales justificó el operativo al afirmar que Rózsa Flores lideraba un grupo que buscaba un movimiento separatista, con financiamiento de la élite económica de derecha de Santa Cruz. Sin embargo, el fiscal general interino, José Armando Urioste, ha comenzado una investigación preliminar tras una denuncia de dos congresistas de la oposición.
En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notificó el inicio de la fase de acumulación de antecedentes contra Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera por la presunta comisión de delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad.
Reacciones y consecuencias
La denuncia se basa en el caso denominado «Hotel Las Américas», que también ha sido llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2021, esta entidad concluyó que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos en este caso y lo remitió a la Corte Interamericana.
El parlamentario Rodrigo Antonio afirmó que no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y las víctimas, sino que «fueron ejecutados extrajudicialmente». Morales, en ese tiempo, había declarado haber ordenado el operativo, acusando a los extranjeros de ser «mercenarios». Esta declaración ha llevado a Antonio a concluir que el exmandatario dejó instrucciones precisas para la ejecución del operativo.
Hasta el momento, ni Morales ni García Linera se han pronunciado sobre la nueva investigación. Morales, que se encuentra refugiado en su feudo cocalero del Chapare, enfrenta además dos órdenes de captura activas por otras investigaciones relacionadas con su papel en las protestas que paralizaron al país por 53 días y por una acusación de presunta trata de una menor. Él niega todos los cargos en su contra.
