El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó un decreto que regula la protesta social, el cual será aplicado durante las manifestaciones antigubernamentales convocadas para este miércoles. Este nuevo mecanismo marca un cambio en la gestión de las protestas en el país.
Detalles del decreto
El decreto 1525 de 2026 establece que «frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto». Sin embargo, aclara que esto no es un «requisito previo» para intervenir contra quienes cometan actos violentos.
La jornada de movilización, organizada por sindicatos, organizaciones indígenas y otros sectores sociales, busca expresar reivindicaciones laborales, educativas y territoriales, así como el rechazo a las decisiones iniciales del Gobierno de De la Espriella, que ha estado en el poder poco más de dos meses.
Reacciones del Gobierno
El presidente De la Espriella afirmó que la protesta pacífica es una «garantía constitucional» pero que no se puede utilizar para «agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia». Además, advirtió que las autoridades actuarán conforme a la ley ante hechos delictivos durante las manifestaciones.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, describió el decreto como «garantista y democrático», enfatizando que respeta la protesta social, pero no tolera los bloqueos. Según el decreto, la «obstrucción de vías» no altera «por sí sola el carácter pacífico de la manifestación», aunque se podrá disolver una reunión en casos excepcionales de perturbación grave y sostenida.
El documento también subraya que la intervención de la fuerza pública se regirá por el principio del uso mínimo de la fuerza, indicando que cualquier acción violenta, como el uso de armas o agresiones, permitirá la intervención sin necesidad de agotar las fases de diálogo.
