El Gobierno español enfrenta un nuevo revés judicial tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto de **163.020 nacionalizados** bajo la controvertida **ley de nietos**. La noticia llegó justo durante la recepción por la Fiesta Nacional, intensificando el malestar en el Ejecutivo.
El fallo, comunicado el 12 de octubre, fue adverso para la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que habían solicitado el levantamiento de la suspensión cautelar. El Supremo, no obstante, ratificó la medida, dejando en el aire las aspiraciones de muchos descendientes de exiliados.
Conflicto creciente entre el Gobierno y el Supremo
Pedro Sánchez, en un acto de precampaña en Ponferrada, había instado a los magistrados a detener lo que él calificó como un “intento de atropello” por parte de la derecha. El presidente enfatizó que **“el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza”** y cuestionó la constitucionalidad de impedir que quienes votaron en elecciones anteriores sean excluidos en 2026.
La tensión entre el Gobierno y el Supremo se intensifica. La decisión del alto tribunal ha sido calificada como un duro golpe a la administración, ya que, según los magistrados, el cumplimiento de sus órdenes ha sido “inexistente”. La falta de información sobre el censo ha llevado a los jueces a mantener la suspensión.
Posibles recursos y el futuro del derecho al voto
El Gobierno ahora evalúa si recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional. **Fernando Grande-Marlaska**, ministro del Interior, declaró que se estudiará si el veto al derecho de voto es definitivo. La clave radica en si los afectados pueden presentar su propio recurso o si el Gobierno puede actuar en su nombre.
La resolución del Supremo podría tener repercusiones significativas en las próximas elecciones. **Cándido Cónde-Pumpido**, presidente del Constitucional, podría ser el encargado de decidir sobre un recurso que podría revertir la suspensión, dado que el tribunal cuenta con una mayoría progresista.
La situación no solo genera incertidumbre para los afectados, sino que también plantea un dilema sobre los derechos de los ciudadanos en una democracia. El Gobierno está bajo presión para garantizar que **los descendientes de exiliados no se conviertan en ciudadanos de segunda**.
Las palabras de Sánchez resuenan en este contexto: **“Una democracia no puede tener ciudadanos de primera y de segunda”**. La lucha por el derecho al voto está lejos de concluir.
