Observando los primeros días de esta campaña electoral, uno se ve obligado a dudar sobre si Pedro Sánchez está pensando realmente en la posibilidad de ganar las elecciones o está ya más bien diseñando el marco político en el que pretende moverse después del 29 de noviembre. Me inclino por lo segundo.
Obtener unos resultados que le permitan seguir gobernando es una fantasía. Es sabido que en política no se puede dar nada por seguro, que el temor a Vox puede aún movilizar a una parte de la izquierda que desconfía de Sánchez y que el Partido Popular es especialista en perder campañas que tiene ganadas, pero en esta ocasión da la impresión de que solo un gran acontecimiento imprevisto —un 11-M— podría alterar de forma apreciable el desenlace que todas las encuestas serias vienen anunciando desde hace meses. Si Sánchez creyera realmente en la posibilidad de una victoria, estaría disputando al PP el voto en el centro —como hizo en 2023— y no arañando papeletas en la extrema izquierda, que solo puede permitirle maquillar un mal resultado.
Ante esa realidad, Sánchez trabaja ya en el escenario poselectoral. El primer objetivo sería conseguir un resultado lo más digno posible. Adelantar o empatar con el PP sería lo ideal, pero puede bastar con evitar una caída estrepitosa: cualquier dato por encima de los 100 escaños será interpretado oficialmente en Ferraz como una prueba de resistencia ante el avance imparable de las poderosas fuerzas del fascismo internacional.
El segundo elemento de esta estrategia es procurar que Vox obtenga el mayor número posible de escaños. Superar al PP parece imposible, pero cuanto más cerca esté, mejor podría funcionar el plan de Sánchez: a más votos de la extrema derecha, más visible será la amenaza de la que el sanchismo prometerá librarnos desde la misma noche electoral.
Sánchez ha sembrado ya estos días el argumento que germinará con fuerza a partir de ese momento. Su distinción entre la legitimidad del Parlamento y la de la calle o la gente, repetido por él y sus portavoces a raíz del fraude de ley previsto para aprobar el decreto de vivienda, será un recurso constante una vez que la derecha refuerce su mayoría en el Parlamento y, por tanto, este se separe aún más de la «calle» de la izquierda. En realidad, quien no puede pisar la calle es Sánchez, pero esa es otra «calle», no la verdadera «calle». «Por haberlo tumbado el Congreso, ¿ha desaparecido el problema [de la vivienda]? No. Como no ha desaparecido el problema porque lo haya tumbado el Congreso, entonces tendremos que hacer algo» ha afirmado con todo descaro la portavoz del PSOE, Montse Mínguez.
La idea de que el Parlamento no representa a la calle y que se requiere, por tanto, «hacer algo» —la actuación de un poder superior y abstracto: el pueblo— equivale a la sustitución de las reglas democráticas por una vaga noción de moral colectiva, supone el reemplazo del imperio de la ley por…
