Pedro Sánchez ha decidido adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre, en un contexto económico marcado por la inflación y la crisis de vivienda. La fecha elegida por el presidente del Gobierno tiene implicaciones significativas en la gestión económica del país, que se encuentra en un momento crítico.
Los expertos consultados por elEconomista.es advierten que el cierre de 2026 y el inicio de 2027 presentarán una combinación inusual de factores que podrían precipitar un cambio de ciclo en la economía española, que actualmente muestra algunos de los mejores datos coyunturales de la UE y la OCDE.
Inflación y conflictos bélicos
Entre los factores que influyen en esta situación se encuentran la crisis de vivienda, que ha alcanzado niveles críticos, y los conflictos bélicos en Irán y Ucrania, que impactan en las rutas comerciales y, por ende, en la inflación de productos básicos. José María Rotellar, director del Observatorio de la Universidad Francisco de Vitoria, señala que «nuestra tasa anual del IPC es más de un punto superior al promedio de la eurozona» y prevé que no descenderá por debajo de los cuatro puntos porcentuales en el contexto actual.
El aumento de precios ha llevado al Banco Central Europeo (BCE) a continuar con su política de alzas de tipos, lo que podría agravar la situación económica en España. Según un informe reciente del think tank Freemarket Corporate Intelligence, los intereses de la deuda pública están escalando a niveles alarmantes, lo que limita el margen para inversión en áreas clave como sanidad y educación.
Impacto en el mercado laboral y la vivienda
A pesar de que la economía española ha mostrado una capacidad de resistencia durante los últimos años, el crecimiento ha estado acompañado de una creciente dependencia de la inmigración. Datos recientes indican que el 93% del empleo creado en los primeros ocho meses de 2026 corresponde a trabajadores extranjeros. Este fenómeno ha exacerbado la crisis de vivienda, ya que el aumento de la población activa ha incrementado la demanda de alquiler y compra de vivienda.
Además, el crecimiento del PIB español ha estado acompañado de un aumento significativo del gasto público, que se ha duplicado en comparación con años anteriores. Sin embargo, este aumento no se ha traducido en una mejora de los servicios públicos, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la economía a largo plazo.
La situación se complica aún más con el déficit público, que aunque se encuentra dentro de los límites de tolerancia de Bruselas, supera el 3% del PIB en términos estructurales. Esto significa que, a pesar de los esfuerzos por controlar el gasto, la economía española enfrenta desafíos significativos que podrían afectar la capacidad del Gobierno para implementar políticas efectivas en el futuro.
