El Gobierno español prevé aprobar un nuevo decreto para regular los centros de datos, a pesar de las advertencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre los riesgos de deslocalización y pérdida de inversiones multimillonarias. La normativa, cuya versión final será «algo suavizada», se espera que sea aprobada en un par de semanas.
Exigencias energéticas y alegaciones del sector
El Ejecutivo mantendrá la exigencia de que al menos el 80% del consumo eléctrico de estas instalaciones sea respaldado por nueva generación renovable, con acreditación hora a hora. Sin embargo, la CNMC ha advertido que estos requisitos energéticos podrían provocar la deslocalización de proyectos y retrasos en su implementación.
La patronal SpainDC y otros actores del sector han presentado más de 600 alegaciones pidiendo la flexibilización de la norma para garantizar la competitividad y la seguridad jurídica en España. A finales de agosto, el Gobierno presentó un borrador que generó una fuerte reacción en un sector que busca atraer inversiones multimillonarias gracias a condiciones favorables como el bajo precio de la energía y la abundante generación renovable.
Advertencias de la CNMC y la respuesta del sector
En un informe publicado recientemente, la CNMC ha señalado que los nuevos requisitos podrían comprometer inversiones y provocar la deslocalización de proyectos. «No tiene sentido que el Gobierno no escuche las recomendaciones de la CNMC», han indicado fuentes del sector, subrayando que esto va en contra del mandato de la Unión Europea de invertir en la economía digital.
La asociación SpainDC ha expresado que el informe de la CNMC refuerza la necesidad de corregir el proyecto antes de su aprobación. El regulador ha recomendado revisar varios requisitos esenciales del texto, advirtiendo que su aplicación podría retrasar o incluso impedir que algunos proyectos se materialicen. «España necesita una regulación técnicamente viable, proporcionada y predecible para que las inversiones puedan desarrollarse con seguridad jurídica», ha afirmado el presidente de SpainDC, Emilio Díaz.
La patronal ha solicitado cambios concretos en el texto normativo y una interlocución técnica efectiva para abordar los aspectos más controvertidos. Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, ha destacado que las más de 600 alegaciones y el informe de la CNMC evidencian la amplitud de las advertencias sobre los riesgos de esta regulación. «Esperamos que el Gobierno actúe en consecuencia», ha añadido.
La defensa de una regulación más flexible por parte de SpainDC no implica renunciar a la sostenibilidad ni a la eficiencia de las instalaciones. La asociación sostiene que su objetivo es evitar que los requisitos se conviertan en una barrera para el desarrollo de proyectos, especialmente en un contexto donde la demanda eléctrica crecerá con la expansión de la inteligencia artificial y los servicios digitales.
En conclusión, el Gobierno se enfrenta a una creciente presión del sector para modificar una regulación que consideran crucial para la competitividad de España en el ámbito de los centros de datos y la economía digital.


