El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció que su primer viaje tras la convocatoria electoral sería a Ceuta, la ciudad autónoma que sufrió un asalto inmigratorio el pasado 30 de julio. Desde allí, Feijóo afirmó: «he dicho en alguna ocasión que si los españoles me dan la oportunidad de llegar a la Moncloa lo primero que haremos será aprobar las normas de la reconstrucción y de la regeneración democrática de nuestro país, para que nadie pueda volver a apropiarse de las instituciones ni del dinero de los españoles».
No obstante, destacó que su «primer encargo concreto» será «recuperar la normalidad de Ceuta», ya que «sigue habiendo en Ceuta 15.000 personas que de forma irregular han invadido la ciudad». «Y la verdad es que la única solución es que los 15.000 se vayan de Ceuta y de España. Esa es la única solución y ese es mi compromiso», añadió.
Compromisos legislativos del PP
En los cursos de verano de la Universidad CEU San Pablo del año pasado, Feijóo puso de manifiesto su compromiso de «derogar buena parte del cuerpo legislativo sanchista». Cabe recordar que el jefe de la oposición aseguró en julio del 2025 que la Ponencia Política que el PP aprobó en su último Congreso Nacional es «un marco donde tenemos que mover los programas electorales, no solo el nacional, sino los autonómicos y locales para los próximos cuatro años».
Dicho documento indica que «derogaremos la mal llamada ‘ley de memoria democrática’, corredactada por Bildu, porque no puede haber justicia ni reconciliación cuando se pacta con quienes niegan el sufrimiento de las víctimas y pretenden reescribir la historia –con los victimarios– desde la manipulación y el enfrentamiento».
«Pondremos fin a todas las prácticas que utilizan a los tribunales de Justicia, a los jueces, y a los fiscales con fines partidistas. Revertiremos la colonización política de las instituciones y, muy singularmente, acabaremos con la colonización de la Justicia, limitando que jueces y fiscales que hayan ocupado cargos políticos puedan volver a ejercer funciones jurisdiccionales durante los dos años siguientes», agrega en materia legislativa.
Tras las numerosas sentencias favorables al Ejecutivo dictadas por el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido –como la de la amnistía, o la del aborto–, la ponencia ‘popular’ indica que «modificaremos las leyes para garantizar que el Tribunal Constitucional no vuelva a actuar como tribunal de casación del Tribunal Supremo y para que el procesamiento del Fiscal General del Estado conlleve su cese inmediato y automático».
Propuestas económicas y de vivienda
De hecho, tal y como publicó El Debate, en una entrevista en esRadio el año pasado, el secretario general del PP, Miguel Tellado, remarcó que «el sanchismo tiene que ser abolido y tiene que ser derogado por el próximo gobierno». Así, señaló que su formación va a derogar «la ley de Vivienda, que es una ley que está causando un daño en toda España brutal (…), hace falta un pacto de Estado en nuestro país para dar una ley de Educación que perviva en el tiempo gobierne quien gobierne (…), y tenemos que revertir una modificación que hizo Pedro Sánchez al final de la legislatura anterior del Código Penal respecto a la sedición y a la malversación». Asimismo, Tellado apuntó que «nosotros vamos a derogar la ley Trans» porque «hay que proteger a los menores», y que «vamos a derogar, aunque no podamos impedir las consecuencias la ley de Amnistía» para que «quede claro que el Estado no falló».
En los últimos meses, Feijóo ha reiterado que se necesitan «un millón de viviendas» en España. De hecho, esta semana resaltó que si construyen en torno a 250.000 casas cada año, se crearán «entre 500.000 y 600.000 puestos de trabajo» y se «activará la economía de verdad».
A finales de septiembre, el PP presentó un decálogo de medidas para hacer frente al «deterioro de las condiciones de vida» que los españoles sufren como consecuencia de las políticas de Pedro Sánchez. Desde la formación señalaron que «habrá que crear un espacio fiscal para bajar impuestos que propicien el crecimiento, aumenten la productividad y la competitividad y devuelvan poder adquisitivo a las familias, reducir regulación, instituciones independientes que funcionen».
Entre las medidas, se pide «duplicar el mínimo por descendientes en el IRPF, de tal manera que en una familia con dos hijos el ahorro superaría los 400 euros desde agosto a final de año», actualizar «la tarifa estatal del IRPF para adecuarla a la inflación», implantar el «IVA 0 a los alimentos básicos – pescado, carne, leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras y conservas» y bajar «del 21% al 10% del IVA a la energía y eliminación del IVA para autónomos que facturen por debajo de 85.000 euros e incremento de las ayudas al gasóleo y los fertilizantes de forma real hasta el límite que permite la Comisión Europea».
«Vivienda. El gran fracaso regulatorio español. El balance de ocho años de sanchismo es cero. El objetivo es que España vuelva a ser un país de pequeños propietarios donde todo el mundo pueda acceder a la compra o alquiler de una vivienda. Para ello, hay que crear las condiciones para construir un millón de viviendas en 4 años, ofrecer seguridad jurídica a propietarios e inquilinos, Ley antiokupación, agilizar los trámites administrativos favoreciendo el silencio positivo y medidas fiscales para los más perjudicados, los jóvenes, mediante una hucha hogar o avales públicos hasta el 95 o el 100% y reducciones de impuestos de hasta el 60 % con un ahorro fiscal que alcanzaría entre 21.000 y 26.000 euros. Acabar con las zonas tensionadas», recoge el decálogo.
