El juez de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas cloacas socialistas decidirá si imputa al PSOE como persona jurídica antes de que arranque la campaña electoral, el próximo 13 de noviembre, según han informado a ABC fuentes jurídicas.
El magistrado Santiago Pedraz no ha paralizado la instrucción y adoptará una decisión inmediatamente después de que la Fiscalía Anticorrupción informe sobre la petición del Partido Popular, que representa a las acusaciones populares del procedimiento y este martes solicitó imputar a la formación de Sánchez por delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.
Investigación sobre la trama socialistas
El juez investiga si el PSOE sufragó una trama destinada a torpedear investigaciones judiciales que afectaban al entorno más próximo de Pedro Sánchez. Fuentes consultadas por este periódico este miércoles indicaron que el departamento del Ministerio Público especializado en corrupción y encabezado por Alejandro Luzón tenía previsto entregar su informe -en el que argumentará si ve o no indicios de delito por parte del PSOE como persona jurídica- a más tardar este jueves, lo que acelerará la decisión del instructor.
La investigación se centra en si el PSOE sufragó la actividad de una trama destinada a torpedear investigaciones judiciales que afectaban el entorno más próximo de Pedro Sánchez, como la del juez Juan Carlos Peinado contra su esposa, Begoña Gómez, por la que finalmente irá a juicio por malversación y tráfico de influencias o la de la juez de Badajoz Beatriz Biedma contra su hermano, el músico David Sánchez, ya resuelta en sentencia condenatoria por prevaricación.
Implicados en la trama
Una presunta trama criminal en la que ya están investigados, bien por indicios de haber cometido delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado o por colaborar en su comisión, incluye a la exmilitante Leire Díez, ya conocida como ‘fontanera’ del PSOE; la gerente del partido Ana María Fuentes; el exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano; el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; su abogado, Jacobo Teijelo o el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías, entre otros.
Así las cosas y con la campaña electoral todavía a cinco semanas vista, la decisión del instructor no se hará esperar, según las fuentes consultadas por este periódico. El magistrado tendrá que ponderar si, como aseguran los populares, hay indicios suficientes de que la trama presuntamente liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán, junto a Leire Díez, «dispuso de los medios operativos, logísticos y financieros» para sufragar la supuesta persecución a jueces y fiscales.
El PP sostiene que la investigación del magistrado ha «venido a confirmar» que el PSOE «sufragó» los «gastos de la organización criminal por indicación del entonces secretario de Organización». Los de Alberto Núñez Feijóo son rotundos y aseguran que «la razón de ser de cada uno de los delitos indiciariamente cometidos era proteger y defender los intereses del PSOE, de sus miembros y familiares, a los que acechaban numerosos procedimientos judiciales en los que se les atribuían -y aún se les atribuyen- graves delitos de corrupción». «Esa es la razón por la que desde el propio partido se promovieron diferentes líneas de actuación dirigidas, en palabras de Leire Díez, a ‘limpiar, sin límite’», añadieron en el escrito presentado esta semana.
Los populares creen que es posible concluir que el exsecretario de Organización del PSOE, con la colaboración de su gerente federal, y actuando en su condición de tal, participó en los delitos de cohecho y tráfico de influencias investigados, poniendo a disposición de la organización criminal investigada los medios operativos, logísticos y financieros del partido; y todo ello con el ánimo de defender al Gobierno, a su presidente y al propio partido de los múltiples procedimientos penales seguidos contra sus miembros o familiares.
Las múltiples diligencias del juez ya han permitido saber que Díez se reunió con la mano derecha de García Ortiz o que el PSOE le pagó viajes. El PP afirma que Ferraz «no contaba al tiempo de los hechos con medidas de control y vigilancia aptas para prevenir la comisión de delitos en su seno en materia de aprobación y abono de gastos, de utilización de sus instalaciones por terceros y de contratación con proveedores de servicios, toda vez que dichas decisiones dependían de los designios de la alta dirección del PSOE, sin que existiera ningún órgano que fiscalizara su actuación ni medida alguna que la restringiera».
Hasta el momento, el magistrado ha acordado múltiples diligencias que ya han permitido llegar a algunas conclusiones en la instrucción, como que Díez consiguió una reunión con Diego Villafañe, mano derecha del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. También que la ‘fontanera’ tuvo asignada una plaza de aparcamiento en la sede central del PSOE o que el partido autorizó (cuando Cerdán estaba al frente de Organización) que se le pagaran viajes para cumplir, supuestamente, con encargos.
La última decisión del magistrado, adoptada esta semana, ha sido solicitar al PSOE un listado de todos los abogados con los que haya contado para asesorarle entre 2021 y 2025, así como «copia de la documentación o expediente abierto, en su caso, que haya permitido comprobar los servicios a prestar (nota de encargo o contrato) para conceder la autorización para dicha contratación y la aportada, en su caso, para dar por justificados los servicios prestados». El magistrado investiga si se enmascararon pagos a Leire Díez con facturas giradas a la formación por parte de abogados como Teijelo o Ismael Moreno, el primer abogado del asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, alegando servicios de asesoría.
También este jueves tendrá lugar una de las declaraciones más importantes de la instrucción de la causa de las cloacas, la de la juez Biedma que investigó a David Sánchez, como perjudicada. Según la Guardia Civil, la matriarca de un clan de narcotraficantes extremeño afirmó que el exjuez Luis Saenz de Tejada, con quien contactó la ‘fontanera’ y personas próximas a ella para obtener trapos sucios de Biedma, le indicó que la juez era «un puto grano en el culo y que había que eliminarla. Que le llamó mucho la atención ya que le dijo que a palos aprende el burro».


