El adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre que anunció el lunes el presidente Pedro Sánchez abre un nuevo escenario político en el conjunto del país al tiempo que viene a aportar un elemento de complejidad extra a un asunto que, ya de por sí, era enrevesado como es el derecho a voto de los nacionalizados por la conocida como ‘ley de nietos’, cuyo panorama judicial se encuentra ahora en un punto crítico.
El Tribunal Supremo acordó el pasado 8 de septiembre —a instancias de Vox e Iustitia Europa— suspender cautelarmente el voto a todas aquellas personas que hubieran obtenido la ciudadanía española mediante esta vía, lo que paralizó de facto su inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La Sala de lo Contencioso-Administrativo frenaba así en seco el posible ‘coladero’ de votos, dejando en evidencia al Gobierno y a la Fiscalía, y denigrando la instrucción del Ministerio de Justicia que abrió la veda a la nacionalización de cualquier descendiente de exiliado español.
Opinión pública sobre la nacionalización
El llamado de Sánchez a las urnas dentro de mes y medio supone una vuelta más de tuerca al enredo, ya que apremia al Alto Tribunal a decidir cuántos de ellos podrán ejercer el derecho a sufragio activo. La publicación en el BOE del decreto sobre la disolución de las Cortes activó el martes los plazos del proceso electoral, recogidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que, en su artículo 39, recoge que el censo electoral vigente para el 29-N —incluye tanto a españoles residentes en nuestro país como en el extranjero— es el cerrado el pasado 1 de agosto, meses antes del auto del Alto Tribunal.
En cualquier caso, el barómetro de GAD3 para ABC realizado entre los días 6 y 8 de este mes —esto es, durante las tres jornadas inmediatamente posteriores a la convocatoria electoral— refleja un amparo mayoritario del país a la decisión del Supremo. De hecho, aproximadamente, siete de cada diez españoles (un 68 por ciento) considera que deberían frenarse y revisarse todos los procedimientos de nacionalización vía ‘ley de nietos’ frente a un 21 por ciento que se declara en contra, y un exiguo 2 por ciento que se abstiene la hora de opinar.
Posturas de los votantes
Especialmente llamativo resulta el hecho de que, entre los partidarios de la suspensión de estas nacionalizaciones masivas impulsadas por el Ejecutivo de coalición, se encuentre un amplio porcentaje de los votantes de los dos partidos que lo integran: la mitad de los electores del PSOE (un 50 por ciento) y un 43 por ciento de los de Sumar (ahora rebautizado como Frente Amplio). Formaciones que, cabe recordar, querían colar en una norma de educación la instrucción suspendida por el Supremo a través de una enmienda trampa. Una maniobra frustrada tras la disolución del Parlamento.
De nuevo, resulta interesante que aproximadamente la mitad del votante socialista (un 49 por ciento) y más de un tercio del de Sumar (36 por ciento) se opongan a que una persona que haya obtenido la nacionalidad española vía ‘ley de nietos’, pero nunca ha vivido en el país, pueda votar en unos comicios generales.
Los electores del PSOE, Sumar y Podemos no son los únicos que se posicionan a favor de paralizar y someter a inspección los procesos de naturalización de descendientes de españoles en el exilio. La medida también arrasa entre el nacionalismo catalán, vasco y gallego, a izquierda y derecha. Un 78 por ciento del votante secesionista se muestra a favor de ello. Eso sí, tan solo el 43 por ciento privaría del voto a los nacionalizados vía ‘ley de nietos’ que nunca hayan vivido en España.
A la derecha del PSOE se observa, como era de esperar, el fenómeno adverso. Prácticamente el cien por cien de los votantes del Partido Popular y Vox —formaciones extremadamente críticas con las nacionalizaciones masivas de Sánchez, que alertan de la posibilidad de que las próximas generales puedan quedar viciadas por el voto CERA— retirarían el voto a quienes en ningún momento de su vida hayan residido dentro de nuestras fronteras (91 y 96 por ciento respectivamente).
Hace ya un mes que el Supremo suspendió de manera cautelar la inscripción en CERA de las más de 400.000 personas que obtuvieron de forma masiva la nacionalidad española al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. De facto, se les retira el voto salvo que se hallen en disposición de acreditar su condición de descendientes de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual durante la guerra civil y la posterior dictadura franquista.
Una medida que deja, al menos temporalmente, sin efecto a la polémica y posterior instrucción administrativa de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia que estableció criterios para acreditar esa condición de exiliado para, precisamente, que la ampliación del censo pudiera tener impacto electoral. Todo ello con Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, como firmante.
Justicia estableció entonces una presunción automática de la condición de exiliado para todos aquellos que salieran de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, extendiendo la aplicación del supuesto exilio hasta el 28 de diciembre de 1978, aunque estos últimos sí debieran acreditar dicha condición. He aquí el quid de la cuestión. Los recurrentes ante el Supremo, Iustitia Europa y Vox, cuestionan precisamente que una instrucción administrativa pudiera otorgar ese alcance a la ley de Memoria.
Esto no acaba aquí. Tal y como también desveló este diario hace un par de semanas, Justicia también confirmó a los cónsules que la ‘ley de nietos’ podía aplicarse a españoles que emigraron antes de 1936. Este Ministerio, entonces capitaneado por Pilar Llop, creó en 2022 un supuesto completamente independiente del exilio, con la única condición de ser hijo o nieto de español. Al desgajar la condición de ser descendiente de un español originario de la obligación de haber sufrido exilio o persecución, la directriz de Sofía Puente eximió también al primer grupo de aportar cualquier prueba de motivación política o represiva en la emigración de su antepasado.
Pasado un mes desde que el Supremo paralizara el derecho al voto de los miles de nacionalizados por la ‘ley de nietos’ -adelanto electoral mediante-, la Abogacía del Estado ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que permita el sufragio activo de cara a la cita con las urnas del próximo mes. Sostiene el Gobierno que es materialmente «imposible» comprobar cada caso antes del 29 de noviembre e insiste en que la prohibición de voto afecta a un gran número de personas (más de 163.000).
La Fiscalía también se ha alineado con el Gobierno y pide asimismo que se levante la prohibición de voto, y que, antes de adoptar cualquier medida cautelar, la Sala permita personarse en el proceso a las personas afectadas para defenderse y que puedan presentar alegaciones. El fiscal se ha referido a que el nuevo escenario electoral del 29-N genera «serias dificultades» para poder examinar los expedientes y que dicha suspensión puede «generar una continua y progresiva suspensión de altas en el censo desde este momento hasta el de las elecciones y con posterioridad».
Todo ello, después de que el Alto Tribunal diese el martes un plazo de 48 horas a las partes para que presentasen las alegaciones que considerasen oportunas antes de decidir si permitía o no la inscripción de electores. Algo sobre lo que sigue sin decidir al cierre de esta edición.
