El juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso cloacas del PSOE’ ha decidido, por el momento, no imputar al PSOE como persona jurídica. En esta rama de la investigación, Santiago Pedraz busca esclarecer si el partido liderado por Pedro Sánchez pagó a la trama liderada por la ‘fontanera’ Leire Díez para que desestabilizase causas judiciales que ponían contra las cuerdas al Gobierno, como el ‘caso Begoña Gómez’ o el de su hermano, David Sánchez.
Investigación en curso
Pedraz considera que, antes de tomar una decisión, es necesario despejar varias incógnitas, entre ellas el poder que ejercía Santos Cerdán, ‘exnúmero tres del PSOE’ e imputado en la causa, dentro de la estructura del partido; los controles internos existentes; si se produjeron fallos en los mecanismos de supervisión y si la formación obtuvo algún beneficio de las conductas investigadas.
Para ello, el magistrado considera clave la práctica de diversas diligencias de investigación. Algunas ya han sido acordadas, como el requerimiento de documentación al PSOE el pasado 6 de octubre y el análisis de los documentos incautados tanto en la sede del partido como en el domicilio de Santos Cerdán y de otros investigados. A estas actuaciones se sumaría la declaración del exsecretario de Organización, cuyas competencias y capacidad de decisión dentro de la estructura del partido podrían ser determinantes para esclarecer los hechos.
Indicios de delitos
Aunque Fiscalía Anticorrupción también considera que es “prematuro” imputar al PSOE, lo cierto es que aprecia indicios de cohecho y de tráfico de influencias como para proceder a ello. En su informe, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los representantes del Ministerio Público ponen el foco en las declaraciones de la presidenta del partido, Cristina Narbona, y de la gerente, Ana María Fuentes, imputada en la causa, las cuales “parecen evidenciar” que “no existía mecanismo de control alguno sobre la gestión de Cerdán en relación con las cuentas del partido”.
La Fiscalía recuerda que Santos Cerdán conoció a Leire Díez en 2021 y que llegó a encargarle, según se desprende de las comunicaciones interceptadas, la “coordinación y ejecución” de una serie de actuaciones en abril de 2024, los días en los que Pedro Sánchez emitió una carta a la ciudadanía en la que explicaba que debía reflexionar tras la imputación de su mujer.
Ello, «con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno”.
Para llevar a cabo dicho plan, la trama ofreció a funcionarios de la Guardia Civil, investigados o fiscales remuneraciones o favores a cambio de información. Pero Leire Díez, más conocida como ‘la fontanera del PSOE’, cobró por ello gracias a la intermediación de Santos Cerdán, ‘exnúmero 3’ del partido, el cual acordó remunerarla por sus servicios con 4.000 euros al mes con cargo a los fondos de la formación.
El dinero, sin embargo, no viajaba por cauces transparentes: para difuminar su rastro se recurrió presuntamente a un laberinto de sociedades y mediadores, entre ellas la empresa de Gaspar Zarrías, las del abogado Ismael Oliver y la intermediación de Jacobo Teijelo, letrado del exsecretario de Organización. Es en este punto donde la actuación de la gerente del PSOE porque, presuntamente, emitió las órdenes de encargo necesarias para levantar posteriormente facturas presuntamente ficticias con las que dar apariencia legal a la transferencia de fondos destinados a Leire Díez.
A juicio de Fiscalía, los hechos que se investigan y que han ido quedando acreditados “fueron promovidos desde la dirección de dicha formación política”. Señala que Cerdán puso todos los recursos operativos y financieros del partido al servicio de la organización criminal que presuntamente lideraba.
Todo ello sumado a que, además, habría mantenido numerosas reuniones con el resto de sus miembros en la sede de Ferraz, sufragando sus gastos logísticos e incluso pagado un sueldo a la ‘fontanera del PSOE’ a través de sociedades interpuestas, como contraprestación por sus presuntos servicios delictivos.
La investigación reveló que a la ‘fontanera’ se le abonó el transporte en, al menos, cuatro ocasiones. Uno de esos viajes, además, “tenía como finalidad llevar a cabo algún tipo de actuación relacionada con los hechos investigados”. Con respecto a otro de los imputados, Javier Pérez Dolset, el juez tiene constancia de que se le abonó un viaje, en este caso a Zaragoza, con el objetivo de que pudiese mantener una reunión a la que iba a asistir acompañado de Leire Díez.
