Un informe oficial enviado al Congreso resalta que el Gobierno admite que su segundo decreto, el más duro con los propietarios, puede tener «efectos negativos en la oferta de vivienda en alquiler», aunque asegura que no son «apreciables». Este documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, también menciona que el decreto podría haber sido más intervencionista en varios aspectos.
Justificación del enfoque del Gobierno
El informe indica que el Gobierno optó por no fijar directamente los precios del alquiler y que se limita a mantener la regulación actual en las llamadas «zonas tensionadas». Además, se destaca que los propietarios aún pueden recuperar su piso tras cinco o siete años de contrato. «El arrendador conserva en cada vencimiento la facultad de no prorrogar el contrato sin indemnización cuando concurre alguna de las causas justificadas», señala el documento.
Asimismo, el informe menciona que podría haber impuesto una indemnización superior a las 12 mensualidades previstas, pero no lo hizo. En este sentido, el Gobierno se presenta como «proporcional» con los propietarios, señalando que no se imponen causas tasadas de extinción ni control judicial previo, y que no interviene en la fijación de la renta.
Impacto real de los decretos
A pesar de las justificaciones, el Gobierno también reconoce que el primer decreto ya está provocando efectos negativos más que apreciables, como la retirada de miles de pisos del mercado y la suspensión de contratos. El Banco de España ha insistido en que el próximo Gobierno deberá promover la construcción de un millón de viviendas para combatir la crisis habitacional.
Por otro lado, el presidente Pedro Sánchez ha prometido que, si gana las elecciones, «reforzará» su política de vivienda, lo que genera inquietud entre los propietarios sobre cómo se podrían intensificar las medidas actuales. Mientras tanto, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, justifican la penalización a los propietarios que no deseen prorrogar los contratos, argumentando que buscan disuadir el aumento de alquileres.
El informe concluye que el coste de la indemnización es evitable y solo lo soporta el arrendador que decide sustituir al inquilino sin causa justificada. Este enfoque ha generado críticas sobre la percepción del Gobierno hacia la actividad privada en el sector del alquiler.
