El Gobierno anunciará la subida de las pensiones de 2027 el último día de la campaña electoral. Será precisamente el 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el dato adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) del undécimo mes del año, que sirve como referencia para calcular la revalorización de las nóminas de los pensionistas por la ley que mantiene blindado su poder adquisitivo.
Un anuncio clave antes de las elecciones
El calendario estadístico ofrecerá así una potente baza electoral a Pedro Sánchez. Horas antes de la jornada de reflexión, el presidente podrá comunicar uno de los datos más esperados del año, para tranquilidad de más de 9,5 millones de pensionistas -y votantes-. En esta ocasión se espera, además, que la subida sea intensa porque trasladará a las nóminas la escalada de la inflación derivada del encarecimiento de los precios energéticos.
Hay que recordar que en el año 2021 el Gobierno modificó la Ley General de la Seguridad Social para establecer que todas las pensiones se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior. Así, la subida que se aplicará desde el 1 de enero de 2027 se calculará a partir de la inflación media registrada entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.
Previsiones y posibles escenarios
Las previsiones de los analistas apuntan a que ese dato se situará en el entorno del 3,5%, de modo que la revalorización de 2027 será muy superior a la de este año, cuando se quedó en el 2,7%. Y también estará por encima de la de 2025, cuando las pensiones subieron un 2,8%. Se quedará por debajo, eso sí, de la revalorización del 3,8% del año 2024 y muy lejos de la de 2023, cuando la crisis de precios provocada por el estallido de la guerra en Ucrania disparó la inflación media hasta el 8,5%.
El dato definitivo, en cualquier caso, no se conocerá hasta mediados de diciembre. Pero es con la cifra que comunicará el INE el 27 de noviembre con la que el Gobierno anunciará la subida de las pensiones prevista para 2027. Así se ha hecho cada año desde que entró en vigor la reforma que vincula la revalorización al IPC. Así que lo previsible es que ese mismo día el Ministerio de Seguridad Social comunique la subida e incluso un cálculo sobre cómo afectará a las nóminas.
Sánchez y sus ministros contarán con un gran activo electoral en las últimas horas de la campaña. Lo cual no quita que en las semanas previas el Gobierno pueda ir lanzando anuncios para afianzar ante el electorado su compromiso con el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Es un caladero de votos, ya que se trata de una medida que afecta a nada menos que 9,5 millones de personas, entre ellas, 6,5 millones de jubilados.
De hecho, el propio presidente ya ha ido abonando el terreno. Aprovechando las dudas sobre la sostenibilidad del sistema que han venido sembrando desde Vox o el PP, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, Sánchez lanzó un mensaje de «absoluta tranquilidad» sobre la viabilidad de las pensiones y garantizó que continuará con la revalorización conforme al IPC.
A partir de ese momento se abre un escenario incierto, porque el Gobierno continúa plenamente operativo hasta el mismo día en que se celebran las elecciones, pero desde ahí pasa a estar en funciones y debe limitarse al despacho ordinario de los asuntos públicos. Si bien cabría la opción de que el Ejecutivo en funciones aprobase un Real Decreto-ley de revalorización, motivando la extraordinaria y urgente necesidad de garantizar el derecho legal de los pensionistas a la actualización de sus pensiones desde el 1 de enero.
No obstante, y aunque el Consejo de Estado ha avalado la fórmula del Real Decreto-ley para la revalorización de las pensiones en situaciones de prórroga presupuestaria, el escenario de Gobierno en funciones es distinto. De hecho, en 2020 el Ejecutivo aprobó la subida en enero argumentando precisamente que se consideró necesario posponer la revalorización hasta la formación del nuevo Gobierno tras las elecciones de noviembre de 2019.
Además de la subida de las pensiones, el Gobierno prepara más guiños electorales. Yolanda Díaz ha acelerado para poder sacar adelante la subida del salario mínimo (SMI) antes de las elecciones. La vicepresidenta ha acotado los plazos y ha pedido al Comité Asesor que entregue su propuesta antes del 2 de noviembre. La medida afectaría a 2,5 millones de trabajadores. Sumados a los pensionistas, el colectivo de beneficiarios por estas iniciativas superan ya los 12 millones de personas. Y es que el Ministro de Función Pública, Óscar López, ha prometido que hará «todo lo posible» para subir el sueldo a los empleados públicos, según lo pactado en el último acuerdo, antes de salir del Gobierno tras las elecciones generales del 29-N.
