El Tribunal Constitucional actúa como un Cuarto Poder prácticamente ilimitado
Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, tiene todos los boletos de la rifa para nombrar al enemigo número uno de la democracia española, pero quizás Cándido Conde-Pumpido tenga méritos superiores para obtener tan histórico reconocimiento. En efecto, las decisiones del Gobierno Sánchez pueden ser recurridas en instancias judiciales nacionales e internacionales, de modo que pueden ser corregidas (como ahora mismo está ocurriendo con la intervención de la Audiencia Nacional en la crisis de Ceuta), pero las de Pumpido y su alto Tribunal Constitucional, no. Las reglas han evolucionado tan negativamente que toda crisis política está condenada a decidirse en un Tribunal político por una mayoría partidista decisiva, llamada “progresista” y en realidad mayoría gubernamental (de siete o seis miembros sobre once, según las cuentas). Hoy es la última arma del Gobierno.
Es cierto que contra las decisiones del TC pumpidista queda la vía del TSJUE, pero este ya dejó claros sus límites voluntarios en la sentencia a propósito de la Ley de Amnistía: no irá más allá de una interpretación muy estrecha y técnica de si leyes nacionales afectan a los Tratados Europeos, al menos si se trata de leyes…
