Recordarán que hace unos años se puso de moda el asunto de la meritocracia, y durante un breve período disfrutamos de animados debates, que coincidieron con el lanzamiento de algún ilusionante proyecto de izquierda política o académica, al final es lo mismo. Había, por ejemplo, quien negaba la meritocracia subido a lomos de sus impecables credenciales educativas en prestigiosas instituciones internacionales. Luego el tema pasó de moda porque en España casi nunca se habla de nada en serio; y, sobre todo, nunca nadie se hace cargo de las consecuencias de lo que dice. Por ejemplo, el decrecimiento es una idea meritoria hasta que se empieza a decrecer de verdad; o, por el contrario, hasta que hay que defender que el PIB nominal crezca por encima del bienestar de la población. Todo vale para el convento.
El caso es que ha vuelto a hablarse de meritocracia estos días, en ámbito más reducido y por tanto más interesante. El sociólogo Luis Miller dio publicidad a un estudio de Alexander Cappelen y Bertil Tungodden que intenta medir dimensiones de la meritocracia a través de una selección de 60 países. Paradójicamente, España puntúa muy abajo en meritocracia y muy alto en libertarismo: es decir, hay proporcionalmente más gente dispuesta a aceptar cualquier desigualdad (mérito o fortuna) que la desigualdad estrictamente derivada del mérito -o la ausencia total de desigualdad. Paradoja… ¿aparente? El español es por naturaleza un “funcionario anarquista”, decíamos en mi época. Arias Maldonado ha hecho un buen resumen de la cuestión en Letras Libres; por el que también aparece Jahel Queralt, con libro reciente en el que apela a una izquierda meritocrática.
Siendo un debate del máximo interés, me detengo en él por otra razón. Vienen las elecciones, ahora ya a plazo fijo, y se discute el margen de acción del nuevo gobierno -si es que hay nuevo gobierno, ya saben. Se agita el miedo a la derecha y la ultraderecha; pero también muchos se malician que un gobierno popular, con o sin Vox, no tendrá el margen ni los arrestos de hacer “lo que hay que hacer”.
Y “lo que hay que hacer” entra en varias categorías. Por un lado, una operación elemental de limpieza y neutralización de las instituciones, sobre las que la mera alternancia ya debería ejercer algún efecto terapéutico. Hablaríamos luego de lo que convencionalmente da en llamarse “guerra cultural”: que la acción del Estado y los valores de la esfera pública se inclinen algo más hacia los de la nueva mayoría social de derecha que asoma. Tarea propia de Sísifo, habida cuenta de las inercias instaladas -y financiadas- en España y en casi todas partes en los últimos decenios. Hay también la necesidad de recuperar la inversión pública en infraestructuras, transportes y servicios; que, sin ser fácil en absoluto, puede circunscribirse a un problema de caja y de prioridades.
Y luego estaría lo que normalmente entendemos como “reformas”, o entendíamos cuando se habló con alguna intensidad de ello, hace cosa de 15 años. Mercado laboral, administración pública,…


