Se ha convertido en el gran problema nacional. Algo en lo que coinciden derecha e izquierda: la vivienda se ha alzado al primer puesto en la lista de las preocupaciones de los españoles. La vivienda como drama humano. La vivienda como desafío a la convivencia. La vivienda como el problema que finalmente podría hacer caer al Gobierno Sánchez. La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, dijo la semana pasada que la escasez de oferta en el mercado inmobiliario español ha generado un déficit acumulado de 755.000 viviendas desde 2021, cifra que podría incrementarse en otras 300.000 entre los años 2026 y 2028, de modo que para ese 2028 haría falta un millón de casas para satisfacer la demanda. Un millón de hogares necesitados de cobijo. ¿Cómo arreglar tan fenomenal desajuste, en un mercado acostumbrado por las políticas de izquierda a actuar sobre la demanda y dar la espalda, cuando no cercenar, a la oferta? Tras la pesadilla vivida esta última semana y al margen de lo que mañana regurgite el delincuente que nos gobierna, un eventual Gobierno de coalición PP-Vox debería ir pensando en poner en marcha un gran Pacto Nacional por la Vivienda, un pacto capaz de aunar los mejores recursos de la nación. Un pacto para construir un millón de viviendas en 4/5 años, que reúna en un objetivo común los esfuerzos y recursos de empresas constructoras, promotores inmobiliarios, entidades financieras, grandes fortunas (los llamados family offices), y naturalmente la Administración. Que involucre incluso a personajes como Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo, acostumbrado a comprar inmuebles en las esquinas más caras del planeta. Con recompensas fiscales para quienes arrimen el hombro, incluso con la garantía del Estado de una rentabilidad mínima, pongamos que la del bono del Tesoro norteamericano, en el bien entendido de que no se trata de hacer ningún negocio, sino de prestar un servicio al país en un momento clave de su historia.
El Tercer Plan de Desarrollo Económico y Social, concretado en materia residencial en el llamado III Plan Nacional de la Vivienda, logró construir 1.350.000 pisos durante el periodo 1972-1976, a razón de 300.000 anuales. Una decidida política de subsidios, exenciones fiscales y créditos blandos logró transformar España de un país de inquilinos a otro de propietarios. El piso en propiedad como santo y seña de la familia tipo española. Ese éxito del denostado franquismo, que creó las bases de la clase media española, demostró que existe la capacidad para acometer ese futuro Pacto Nacional por la Vivienda. Los recursos existen. Falta de voluntad política. La determinación para acabar con el maremagnum competencial que hace casi imposible la construcción de vivienda nueva. En efecto, el Estado establece las normas básicas del suelo; las CC. AA. concentran las competencias sobre la planificación urbanística, y los Ayuntamientos otorgan las licencias de obras e imponen mil requisitos burocráticos. Un galimatías que ha expulsado a muchas empresas de la construcción de viviendas, haciendo que las pocas que subsisten se dediquen a la…
