Ilustración generada mediante IA.
Una ciudad española permanece invadida y colapsada después de que decenas de miles de ciudadanos de una potencia extranjera atravesaran su frontera. En Ceuta, los delitos sexuales han aumentado un 75% y la fiscal jefe habla de casi una agresión sexual diaria. La juez que investigó al hermano de Pedro Sánchez ha denunciado los presuntos contactos de la trama socialista dedicada a sabotear causas incómodas para el PSOE con un clan del narcotráfico, al que habrían recurrido para amedrentarla. El Tribunal Supremo acaba de suspender cautelarmente el pucherazo electoral que el PSOE había planeado utilizando como vehículo la llamada «ley de nietos». Y esta misma semana hemos conocido que Begoña Gómez se sentará ante un jurado popular acusada de aprovechar su matrimonio con el presidente para, presuntamente, progresar profesionalmente y malversar.
Pero entonces apareció Maricarmen.
Una anciana de 87 años, una camilla y una vivienda en el madrileño barrio de Retiro. El marco narrativo estaba servido; solo faltaba sazonarlo con unas cuantas falsedades. La primera consistió en convertir a la pequeña sociedad limitada propietaria del piso en un siniestro «fondo buitre». Una etiqueta falsa, pero extraordinariamente eficaz, porque la propaganda necesita arquetipos simples: una octogenaria indefensa, unos especuladores desalmados y Ayuso moviendo los hilos desde algún ático. Con el reparto y el guion del melodrama ya cerrado, el Gobierno, sus socios y sus terminales mediáticas envolvieron a Maricarmen en celofán sentimental y la lanzaron contra la presidenta madrileña. En apenas unas horas, la ciudad invadida, las agresiones sexuales, la cloaca, la manipulación del censo y la esposa del presidente desaparecieron detrás de una señora que pagaba unos quinientos euros por una vivienda de noventa metros cuadrados en uno de los mejores barrios de Madrid.
Llámenme de todo, pero me importa bastante poco el desahucio de Maricarmen y todavía menos lo que ustedes opinen de mí por reconocerlo. Solo les diré una cosa: bien desahuciada está. Esta señora ocupaba la vivienda de marras mediante una segunda subrogación de un contrato de renta antigua que llevaba años legalmente extinguido. La propiedad acudió a los tribunales, ganó el pleito y obtuvo una sentencia firme que terminó ejecutándose después de varios aplazamientos. La vergüenza no es que se haya ejecutado el desahucio, sino que haya tardado tanto.
Por cierto, la norma en la que se fundamenta el desahucio no nació en los despachos de Génova 13. Es la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada durante el último Gobierno de Felipe González. Su disposición transitoria segunda limitó a dos años la duración de determinadas segundas subrogaciones en contratos anteriores a 1985, salvo que el descendiente tuviera una discapacidad igual o superior al 65%, requisito que Maricarmen no cumplía. Y, por si todavía no me han insultado bastante por mostrar mi indiferencia ante la situación de Maricarmen, añadiré que la norma me parece perfectamente razonable. No existe ningún derecho a residir donde a uno le guste o le apetezca. Tampoco un derecho a transmitir de generación en generación un alquiler privilegiado,…
