La reciente revelación de que el Ministerio del Interior español elaboró en 2024 un dosier con decenas de periodistas clasificados según su ideología y su postura frente al Gobierno de Pedro Sánchez ha despertado una razonable polémica. Para muchos, el episodio evoca una experiencia ya vivida en Iberoamérica: la llamada Lista Tascón que funcionó en Venezuela como instrumento de identificación, etiquetado y persecución de opositores políticos y que dejó heridas profundas en la sociedad venezolana.
No pretendo establecer una equivalencia automática entre ambos casos. España no es la Venezuela chavista de 2004. Pero cuando en un Estado de derecho se comienza a fichar y etiquetar ideológicamente a ciudadanos que ejercen derechos fundamentales, se abre una puerta que, una vez cruzada, es muy difícil de cerrar. La historia de la Lista Tascón debería servir como espejo incómodo, no como profecía cumplida.
Entre 2003 y 2004, la oposición venezolana promovió, al amparo del artículo 72 de la Constitución de 1999, la recolección de firmas para activar un referendo revocatorio contra Hugo Chávez. Millones de ciudadanos ejercieron así un derecho constitucional expreso.
Tras el éxito de la convocatoria, el diputado oficialista Luis Tascón accedió, con anuencia del Consejo Nacional Electoral y a petición del propio Chávez, a la base de datos de los firmantes. Después hizo pública una lista con nombres y números de cédula de más de 2,4 millones de personas.
La justificación oficial fue la “verificación” de firmas y la transparencia del proceso. En la práctica, la lista se convirtió en un registro de adversarios políticos a disposición del Estado. Funcionarios públicos, empleados de empresas estatales –como PDVSA– y contratistas del Gobierno que figuraban en ella fueron objeto de despidos, discriminación en contrataciones y ascensos y hostigamiento mediante calificativos como “escuálidos” o “traidores a la patria”.
La Lista Tascón funcionó como un mecanismo psicológico de coacción y amedrentamiento. No fue un simple listado, sino una infraestructura que permitió identificar, etiquetar y castigar a opositores en los ámbitos laboral, administrativo y social. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó posteriormente estos hechos como violaciones de los derechos políticos y del principio de no discriminación. Su autor murió en 2010, pero las consecuencias sociales y políticas de aquella práctica perduraron.
A comienzos de septiembre de 2026, investigaciones periodísticas revelaron que el Ministerio del Interior, bajo la conducción de Fernando Grande-Marlaska, había elaborado en febrero de 2024 un dosier interno titulado “Tertulianos radio y televisión”.
Cuando en un Estado de derecho se comienza a fichar y etiquetar ideológicamente a ciudadanos que ejercen derechos fundamentales, se abre una puerta que es muy difícil de cerrar
El documento, con sello oficial de Interior y de su Oficina de Comunicación, contenía fichas y fotografías de decenas de periodistas, tertulianos, directivos de medios y asociaciones profesionales; información sobre los medios en los que trabajaban; y comentarios valorativos sobre su ideología y posición frente al Gobierno de Pedro Sánchez. Entre las etiquetas aparecían expresiones como “apoya al Gobierno”, “alineado con posiciones de derechas”, “reconocido anti-sanchista”, “afín al PSOE”, “independiente”…
