España se ha adentrado en ese periodo en el que el Gobierno sólo busca el mejor momento para convocar elecciones y la oposición clama para que se convoquen para derribarlo lo antes posible. Este impasse durará meses. Meses en los que la tensión política y social irán en aumento. Las elecciones sirven, entre otras cosas, para recomponer el panorama, iniciar una nueva etapa, dar una perspectiva de mejora a los ciudadanos. Es una de las virtudes de la democracia.
Tensión hemos vivido en otros tiempos. Agotamiento del Gobierno, nervios en la oposición, ganas de cambio. Pero lo que estamos viviendo ahora añade un elemento novedoso muy peligroso. Se está poniendo en cuestión la base misma del sistema: la limpieza de las elecciones.
Por un lado, la derecha, especialmente Vox, está acusando al Gobierno de "pucherazo" al intentar colar, a través de la llamada ley de nietos, votantes que no viven en España y que han conseguido la nacionalidad de forma sospechosa. Por otro, el Gobierno, empezando por el presidente, achaca a la derecha querer cercenar el derecho al voto de decenas de miles de ciudadanos; "por ahí se empieza", advirtió Pedro Sánchez en su entrevista en El Intermedio para argumentar a continuación que la alternativa representa la involución.
Si el debate no se resuelve o los partidos no bajan el tono, lo que tenemos en perspectiva es el cuestionamiento de la limpieza de las próximas elecciones generales. Y ese es el primer paso para reclamar un sistema autoritario. ¿Es eso lo que queremos?
Analicemos lo que está ocurriendo con la llamada ley de nietos.
El pasado 8 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo estimó un recurso de Vox y Iustitia Europa y decidió paralizar la inscripción en el censo de aquellos que hubiesen obtenido la nacionalidad española sin acreditar en los consulados que sean hijos o nietos de exiliados.
La ley de Memoria Democrática (5-10-2022), o ley de nietos, establecía que podían optar a la nacionalidad española aquellos que hubiesen sufrido exilio "por razones políticas, ideológicas, o de creencia o de orientación e identidad sexual". En el debate parlamentario, el PSOE rechazó una propuesta de Ciudadanos para ampliar los beneficios de la ley a los emigrantes por motivos económicos.
Sin embargo, el 25 de octubre de 2022, tan sólo tres semanas después de aprobarse la ley, Sofía Puente (hermana del ministro de Transportes), entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, perteneciente al Ministerio de Justicia, modificó el alcance de la ley mediante una instrucción administrativa que abre la concesión de la nacionalidad, "presuponiendo" la condición de exiliados, a todos aquellos españoles "que salieron de España en años clave de la dictadura y la Guerra Civil". La instrucción administrativa "presume" así el exilio para todos los que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 29 de diciembre de 1955. Aunque expresamente no se explica el porqué de esa fecha límite, se supone que coincide con el fin del aislamiento de la…
