Pruebe usted a entrar en una agencia de viajes y pedir que le cobre siempre lo mismo aunque suba el precio del billete, que le haga descuentos, que trabaje con el margen bien apretadito y que, ya que estamos, le mejore gratis el seguro. Luego me cuenta por dónde le han dicho que salga.
Si quiere aumentar sus posibilidades de éxito, no diga que es usted. Diga que viene de parte del Estado. Porque resulta que el Ministerio de Hacienda ha sacado a concurso el servicio de agencia de viajes para ministerios y organismos públicos. Valor estimado: 604,8 millones de euros durante 18 meses. No significa que el Gobierno vaya a fundirse mañana 605 millones cogiendo aviones, cosa que agradezco, porque bastante susto da ya la cifra sin necesidad de adornarla. Significa que ese es el valor estimado del contrato que debe gestionar todos los viajes de la Administración.
La licitación, sin embargo, ha terminado temporalmente en tierra. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la ha suspendido cautelarmente después de los recursos presentados por empresas y asociaciones del sector.
Las agencias dicen que los pliegos contienen unas condiciones económicas difíciles de explicar si uno conserva algún conocimiento rudimentario sobre cómo funciona una empresa. Denuncian precios y estructuras que pueden obligarlas a trabajar sin margen o por debajo de coste, descuentos obligatorios en determinadas tarifas aéreas y mejoras en seguros sin coste adicional. También cuestionan exigencias técnicas que consideran imposibles de cumplir y varias cláusulas por posibles conflictos con otras normas.
Todo esto tendrá que resolverlo el tribunal. No sabemos todavía quién tiene razón jurídicamente. Económicamente, sin embargo, el asunto tiene su gracia. Porque llevamos años escuchando que las empresas tienen que pagar mejor, cuidar al trabajador, invertir, modernizarse, digitalizarse, conciliar, ser sostenibles, responsables, inclusivas, competitivas y, a ser posible, felices. Todo maravilloso. Luego llega el Estado a comprar y parece el señor que entra cinco minutos antes del cierre preguntando cuánto le rebajas si se lleva tres.
El propio concurso valora los cargos de gestión, los descuentos en servicios aéreos y las mejoras de cobertura de los seguros. Y lo entiendo: el Estado también quiere comprar barato. Normal. A mí me parece estupendo que cuide nuestro dinero. Es más, ojalá mostrara semejante espíritu ahorrador con todo.
Lo fascinante es que la Administración parece descubrir las virtudes del mercado cuando paga y olvidarlas cuando cobra. A usted le explican que los costes suben. La electricidad sube, el combustible sube, los salarios suben, las cotizaciones suben, los impuestos suben y cualquier empresario que proteste debe comprender que mantener un país cuesta dinero. Luego el Estado contrata y quiere precios competitivos, descuentos, servicios añadidos y, según denuncian las agencias, condiciones que pueden comerse el margen empresarial. Pues hombre, alguna contradicción hay.
Me interesa especialmente esa parte porque el empresario en España vive en una especie de experimento sociológico. Cuando gana dinero, parece que lo ha encontrado debajo de una baldosa. Cuando pierde, es su problema. Cuando sube precios porque suben sus costes,…
