Tal como están las cosas en España es hasta cierto punto normal que pasen desapercibidas dimisiones como la de Eduard Rivas, exjefe de gabinete del presidente de la Generalidad, Salvador Illa. Rivas no es un ministro como Óscar Puente y su dimisión ha tenido de momento un impacto menor en la política catalana. Su nombre aparece en calidad de investigado en un feo asunto de contratos millonarios en la limpieza y la jardinería de la ciudad de la que fue alcalde durante más de una década, el municipio barcelonés de Esparraguera. La defensa sostiene que Rivas es inocente con la misma convicción y celo que los abogados de Zapatero dicen que las joyas son un regalo de Arabia Saudí.
Que dimita el peón de confianza de un presidente regional no es lo mismo que salte por los aires el ministro de Transportes tras más de 100 muertos en dos accidentes ferroviarios en menos de un año. Rivas no es como Puente, desde luego, pero se parecen en los muchos elogios que sus jefes les han dedicado una vez soltado el lastre. En el caso del político catalán, y según Illa, estaríamos ante un hombre de una categoría moral extraordinaria, una buena persona que supera con creces los valores más preciados de la condición humana, a una altura muy por encima de, por ejemplo, Sílvia Orriols e Ignacio Garriga. Tal cual lo ha dicho Illa en ese templo de los residuos tóxicos golpistas que es el Parlamento de Cataluña. Lo que no se explica es cómo ninguno de los dos ha presentado una querella contra Illa, quien tras las pintas de socialista modosito esconde un muñeco diabólico tipo Puente.
A tenor de lo declarado por el presidente catalán, con su peón de confianza se estaría cometiendo una injusticia mayúscula y los mensajes en los que aparece como elemento sustantivo en la adjudicación de contratos a unos amiguetes serían simples malentendidos. Por ejemplo, ese mensaje de Rivas aparecido en el móvil de un directivo de la "fundación" que aspiraba a quedarse con las tareas de limpieza de la vía pública: "Hemos escrito las bases —del concurso— pensando en vosotros". Ni que decir tiene que el contrato fue adjudicado a dicha sociedad, una entidad con fines benéficos —dar trabajo a personas con discapacidad intelectual— en la que constaba como patrón el propio Rivas.
Puede que como solo estamos hablando de cinco millones de euros el asunto parezca menor. Y lo es si se compara con el asunto de la atención a la infancia en Cataluña, el caso Dgaia —por Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia—, expediente en el se han evaporado más de 160 millones de euros. Illa, su Gobierno y su grupo parlamentario han mostrado un gran celo a la hora de tapar ese caso, que afecta de lleno a fundaciones y empresas vinculadas a ERC, socios y aliados del socialismo.
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