El desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, hizo saltar por los aires la crisis de vivienda. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, puso en entredicho la intervención policial y anunció la apertura de una investigación para evaluar la actuación de los agentes. Sin embargo, fuentes de la Policía Nacional de toda solvencia confirman a Vozpópuli que tal investigación no se está llevando a cabo.
El delegado del Gobierno en Madrid es el máximo responsable de la seguridad en la región y, por tanto, avaló el dispositivo desplegado para ejecutar el lanzamiento. Tras el polémico desahucio de Maricarmen, afirmó en una entrevista que había visto “imágenes que no nos han gustado”. En consecuencia, anunció la apertura de una investigación en el seno de la Policía Nacional que no ha sido tal.
La Jefatura Superior de Policía de Madrid no ha recibido instrucción alguna de encargar una investigación interna sobre el desempeño de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que intervinieron en el lanzamiento del piso donde residía Maricarmen. Las fuentes consultadas ven en el falso anuncio una maniobra del delegado del Gobierno para deshacerse de su responsabilidad sobre el dispositivo y contentar a los votantes del PSOE. Desde la Delegación del Gobierno sostienen, por contra, que la Jefatura Superior de Policía de Madrid sí está “analizando” el desarrollo del dispositivo.
En mitad de un clima de alta tensión, los agentes tuvieron que dar cumplimiento a la orden de la comitiva judicial de ejecutar el desahucio de la mujer de 87 años tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Para ello, tuvieron que apartar a más de un centenar de personas que realizaron una sentada frente al portal de Maricarmen.
También se encontraron con escollos en su interior. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid había colocado todo tipo de enseres bloqueando tanto la puerta del portal como la de la vivienda de la octogenaria. Finalmente, Maricarmen abandonó la que había sido su casa postrada en una camilla acompañada por facultativos de Samur-Protección Civil.
El desahucio de Maricarmen y la posterior acampada en la Puerta del Sol han situado en el foco al delegado del Gobierno en Madrid. El representante del Ejecutivo ha rehusado de ordenar el desalojo de la acampada ilegal y defiende que se trata de una competencia del Ayuntamiento y la Policía Municipal al considerarla una “ocupación de la vía pública”.
Ante este señalamiento, el Consistorio acusó a la Delegación del Gobierno de “dejación de funciones” y “falta de diligencia” por no responsabilizarse del desalojo del asentamiento ilegal. Por su parte, el sindicato Manos Limpias se ha querellado contra Francisco Martín Aguirre por un presunto delito de malversación al entender que es el máximo responsable de la acampada por la vivienda en Sol.
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