Alberto Núñez Feijóo, si llega donde quiere llegar, tendrá un problema. En realidad va a tener que enfrentar muchos problemas, aunque una buena parte de ellos se resume en uno: España ha dejado de ser fiable. Para los de fuera, pero también para los de dentro. El último Índice de Seguridad Jurídica del Instituto Juan de Mariana, correspondiente a 2025, ya situaba a España, con un aprobado raspado, en el puesto 20 de la Unión Europea, muy lejos de las democracias europeas más sólidas.
Ahora, tras el lamentable espectáculo de un país incapaz de proteger sus fronteras y el estado confusional provocado por el estallido monitorizado de la crisis de la vivienda, es bastante probable que el diagnóstico sobre la principal patología del paciente sea aún más preocupante.
El Índice 2025 evalúa diez categorías: corrupción, capacidad de los gobiernos para aplicar políticas públicas eficaces, Estado de Derecho, funcionamiento de la Justicia, limitación del Poder Ejecutivo (contrapesos), calidad democrática, previsibilidad fiscal, cumplimiento de laudos de arbitraje internacional y estas otras dos que he dejado para el final: calidad regulatoria, centrada en la efectividad del marco normativo para favorecer la iniciativa privada y la competencia, y los derechos de propiedad, cuestión clave para la inversión y la seguridad patrimonial.
El Análisis sobre la Calidad Normativa que Baker McKenzie encargó en 2024 a diversos juristas de prestigio, concluyó que la inseguridad jurídica en España se había convertido en un problema crónico estructural. Los motivos principales señalados son la falta de consensos políticos al legislar y la baja calidad técnica de las normas aprobadas, lo que genera problemas de interpretación en los tribunales.
En esa misma línea, informes recurrentes elaborados por organismos de la Unión Europea vienen alertando sobre las anómalas consecuencias del uso extensivo de la legislación de urgencia en España: la aprobación sistemática de normas sin el debate parlamentario ordinario merma la calidad técnica de las leyes, propicia la inseguridad jurídica y reduce la predictibilidad del entorno regulatorio. Y la OCDE, en su Informe Internacional para Autónomos y Pymes, de diciembre de 2025, sitúa a España como el segundo país con mayor inseguridad jurídica para el sector de los trabajadores autónomos y las pequeñas empresas, debido a los constantes cambios regulatorios. Nos gana Grecia.
Hay más estudios e informes elaborados por instituciones, comisiones europeas y think tanks que dejan constancia del persistente deterioro de la seguridad jurídica en nuestro país, y en los que, por ejemplo, se critica la elevada “presión fiscal indirecta” que sufren nuestras empresas, la excesiva burocracia o la fragmentación del marco regulatorio en las comunidades autónomas, factor este que penaliza la competitividad económica en el marco de la UE. Pero dejémoslo aquí. Terminemos este somero repaso citando el Informe Anual sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, en el que España aparece en el grupo de países "estancados" en materia de calidad del Estado.
Este es el panorama en el que a alguien le ha parecido una magnífica idea, tras ocho años de indolencia, activar la espoleta de esa…
