Sánchez aprieta en su deriva a la censura: un órgano estatal “controlará” a medios públicos y privados (OkDiario)

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende recuperar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), un órgano estatal para el control y la regulación de los medios de comunicación, con capacidad sancionadora.
El organismo figuraba en la Ley General de la Comunicación Audiovisual (2010) aunque fue derogado por el PP, que lo ‘fundió’ en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
Ahora, la intención de Sánchez es recuperarlo, como revela una enmienda a una reciente moción de Podemos en el Senado, en la que el partido de Pablo Iglesias insta al Gobierno a “combatir la publicidad estereotipada y sexista”.

En concreto, el punto seis de la enmienda propone “recuperar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, independiente y con competencias en la defensa de los derechos, libertades y valores de la ciudadanía en el ámbito de las radios y televisiones públicas y privadas, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad”.
Sánchez aprieta en su deriva a la censura: un órgano estatal “controlará” a medios públicos y privados

Se trata, pues, de un organismo supervisor de contenidos y con capacidad para sancionar a los medios, bajo la ambigua finalidad de defender “los derechos, libertades y valores de la ciudadanía”. La idea surge además en plena polémica por las intenciones del Gobierno de imponer una regulación a la “libertad de expresión” en los medios, como recientemente revelaron varios miembros del Ejecutivo.
Este Consejo tendrá como principal función “la defensa de los derechos, libertades y valores de la ciudadanía”
Dependerá de Presidencia
Aunque se presuma “independiente”, el órgano estará directamente adscrito al organigrama del Gobierno, y más en concreto, del Ministerio de la Presidencia. La elección de sus miembros se hará por convocatoria pública, a través de un comité asesor cuyos integrantes serán designados entre los propuestos por los distintos grupos parlamentarios.
El PSOE amplía las competencias del organismo para extender el control a los medios privados
En la Ley de 2010-donde se establece la creación de este Consejo-se señala que su finalidad será “supervisadora y reguladora de la actividad de los medios de titularidad del Estado o que estén bajo su competencia”. Sin embargo, los socialistas amplían ahora ese control también a los medios privados.
Según el texto de esta ley, entre las funciones originales del CEMA está asegurar “la transparencia y el pluralismo del sector de los medios de comunicación audiovisual”, así como “la independencia e imparcialidad del sector público estatal de radio, televisión y servicios conexos e interactivos, y el cumplimiento de la misión de servicio público que le sea encomendada”.
Además, se encargará de determinar el catálogo de “acontecimientos de interés general para la sociedad”, de recibir las comunicaciones de inicio de actividad de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual o de decidir sobre la renovación de licencias, y de “velar por la promoción de la alfabetización mediática en el ámbito audiovisual con la finalidad de fomentar la adquisición de la máxima competencia mediática por parte de la ciudadanía”.
El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales asesorará a las Cortes Generales, al Gobierno, a los organismos reguladores, así como a las autoridades audiovisuales independientes autonómicas, en las materias relacionadas con el sector audiovisual y podrá proponer al Gobierno la elaboración de disposiciones de carácter general sobre el sector.
Inspecciones y sanciones
La ley le otorga también la potestad de “requerir a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones”, de realizar inspecciones e incluso de requerir el cese de “aquellas prácticas que contravengan” las leyes y sancionar a los medios.
No es la primera vez que el PSOE revela sus intenciones con los medios a través de enmiendas en las Cortes.
Así ocurrió recientemente en una Propuesta No de Ley sobre la “desinformación” presentada por el grupo del PP en el Congreso.
Los ‘populares’ pedían en su iniciativa un acuerdo internacional contra esta “amenaza” con “medidas específicas para proteger escenarios sensibles como los procesos electorales democráticos”, haciendo especial hincapié en “las amenazas gestionadas por actores extranjeros con intenciones hostiles”.
Los socialistas -que votaron en contra de la proposición- suscribieron ese punto, pero eliminaron esa última referencia a las amenazas de procedencia exterior y con fines perversos, lo que dejaba el texto mucho más abierto a las injerencias del poder político.
En las últimas semanas, el Gobierno ha admitido que busca una cierta regulación de los medios y ha puesto como ejemplo a otros países, como Alemania, Italia o Francia, que ya han seguido esta senda. En Francia, por ejemplo, una norma reciente impone a los medios de comunicación –sobre todo digitales– un compromiso “reforzado” en las informaciones que se publiquen en períodos electorales y habilita al juez a bloquear en 48 horas el acceso a una web.

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