La defensa de Puigdemont informará al tribunal del “error” en la traducción de las declaraciones de Llarena

El abogado de los políticos independentistas en la instrucción del procés, Gonzalo Boye, ha asegurado este martes que informará al tribunal belga del “error” en la traducción al francés de las declaraciones del magistrado Pablo Llarena recogidas en la demanda civil presentada en Bruselas por Carles Puigdemont y el resto de políticos huidos.

En concreto, el magistrado dijo al término de un curso en Oviedo que “no es el caso que estamos llevando ahora en el Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados”.

En cambio, la traducción al francés recogida en el escrito de la demanda transforma las palabras de Llarena: “Con independencia de cuál haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados”.

Según han adelantado los diarios El Mundo y El Confidencial, Llarena nunca dijo ante la prensa que los investigados por el procés fueran culpables, una supuesta afirmación que motiva la demanda por un delito contra el honor y la reputación.

Tras revelarse que en la denuncia se falsearon las palabras de Llarena en la traducción, Boya ha negado taxativamente cualquier “alteración” del texto y ha atribuido el fallo al traductor. “Se lo vamos a preguntar al traductor y se lo vamos a informar al juzgado, pero eso no altera en absoluto la demanda, ha dicho.

Lo mismo ha asegurado el abogado de Puigdemont, Christophe Marchand, que ha señalado a Efe que será el juez belga el que dirá “si existe algún problema con las traducciones juradas” hechas por porfesionales.

El quid de la cuestión subyace en que la defensa del soberanismo asegura que el magistrado atribuyó delitos políticos a los investigados y “violó así su derecho a la presunción de inocencia”, cuando en realidad se limitó a indicar que, de haberlos cometido, deberían ser investigados.

Por su parte, la portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Elsa Artadi, comparte la posición de Boye de que el “error” de traducción “no desvitúa el grueso” de dicha demanda. “Me parece que el mismo abogado (…) ha salido a reconocer que había una expresión que no estaba bien traducida y que ellos mismos informarían a los jueces belgas, pero que eso no desvirtuaba el grueso de la demanda que le pusieron”, ha señalado al ser preguntada en rueda de prensa este martes.

Sin embargo, para el letrado de Puigdemont, hay “un exceso de nerviosismo y patrioterismo” porque “no se está leyendo bien el tema”. Según argumenta, el magistrado dice en esas declaraciones “bastante más de lo que se está contando” y hay que poner el foco en el inicio de la frase traducida, y no en el final. “Esas palabras se enmarcan en unas declaraciones más extensas en las que el juz se pronuncia sobre lo que es o no un delito político que él mismo está instruyendo y que es el corazón de este caso”, ha recalcado Marchand a Efe.

La alteración de las declaraciones de Llarena fue detectada por un profesor de francés hispanohablante que alertó en redes sociales de la diferencia entre las declaraciones reales en vídeo y las recogidas en la demanda civil. El magistrado está citado a declarar en Bruselas el próximo 4 de septiembre por emitir sus opiniones políticas sobre el caso judicial que instruye.

Por otro lado, el abogado de Puigdemont ha dicho que “nadie” del equipo legal del Ejecutivo o del juez se ha puesto en contacto con ellos, “cuando la costumbre es que el equipo legal del otro lado suele llamar o enviar un correo” al otro equipo.
Abogados se querellarán contra el juez belga si admite la demanda

La plataforma de juristas Movimiento24DOS ha anunciado que presentará una querella por prevaricación y usurpación de funciones públicas contra el juez belga si no inadmite la denuncia de los catalanes huidos de plano.

El grupo, en cuya directiva figuran, entre otros, el exmagistrado del Supremo Adolfo Prego y el exfiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, considera que la demanda contra Llarena es “fraudulenta” y supone un “injustificado ataque a la integridad y dignidad de la jurisdicción española” por parte de “golspistas”.

Por ello, se personarán ante el tribunal español competente “en ejercicio de la acción popular”, según señalan en un comunicado, y se reservan el derecho a acciones civiles “por los daños que se ocasionen en el interés colectivo de la ciudadanía en general y los profesionales en Derecho en particular en el mantenimiento de nuestro sistema de justicia”.

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