Griñán niega conocer el programa de ayudas de los ERE y haber recibido informes de alerta del interventor

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha insistido en el juicio de la pieza política de los ERE en separar su responsabilidad política del destino de los fondos que sirvieron para financiar los ERE fraudulentos durante una década en la que él fue primero consejero de Hacienda y después presidente de la Junta de Andalucía.

En concreto, ha negado conocer “exactamente” el programa de las ayudas sociolaborales investigadas en el caso de los ERE porque como consejero de Hacienda “no se puede llegar a ese detalle” y el programa era “insignificante” en el presupuesto de Empleo. Además, ha asegurado que no recibió ninguno de los informes en los que el interventor (también acusado) alertaba de lo “inadecuado” del sistema.

De esta manera, Griñán ha atribuido la responsabilidad de los ERE fraudulentos a la Consejería de Empleo, destinataria también de esos informes. En lo que a él respecta, ha asegurado que como consejero de Hacienda conocía y cuadraba los programas presupuestarios (“atusaba”, ha dicho) pero desconocía la “ejecución del gasto” por parte de las diferentes áreas y que, por lo tanto, no sabía a qué dedicó Empleo las ayudas empleadas de modo fraudulento.

De hecho, ha apuntado que no conoció la partida que se destinaba para las ayudas, la 31-L, hasta el inicio de la causa, en 2011, (valoradas en 741 millones, según la fiscalía; 855 millones, según los jueces de instrucción) y ha respondido al fiscal que, pese a ser la de mayor cuantía del área de Empleo, era “insignificante” en comparación con otras consejerías y que no puede recordar al detalle la “multitud de programas” en una administración del tamaño de la andaluza.

Según ha manifestado, en las reuniones que mantuvo con el titular de Empleo “nunca” abordó dicha partida, conocida como ‘fondo de reptiles’, y ha subrayado que el gasto anual ejecutado “siempre” fue “inferior” al crédito disponible.
Su firma para aumentar los fondos destinados a los ERE

En un tono comedido y con un elevado contenido técnico, el expresidente andaluz ha contestado a las preguntas del fiscal anticorrupción con varios “no sé” y “no recuerdo”, y en líneas generales ha ratificado su declaración ante el Tribunal Supremo previa al auto de procesamiento, en la que argumentó que él no recibió como presidente informes de la Intervención General de la Junta y que, como consejero de Hacienda, su función no era la de supervisar a otros departamentos.

Griñán se ha ratificado en lo que dijo en el Tribunal Supremo de que lo sucedido con el escándalo de los ERE fue una “barbaridad”, y se ha desvinculado de lo que el fiscal considera un procedimiento irregular que el expresidente andaluz no solo conoció sino que contribuyó a aumentar.

Una de las bases de la acusación a Griñán es que como miembro del Consejo de Gobierno aprobó las modificaciones presupuestarias que aumentaron los fondos del programa de ayudas de los ERE. Sin embargo, en el juicio, el expresidente andaluz ha afirmado que el documento exhibido por el fiscal con su firma está incompleto, porque faltan hojas con el visto bueno de los responsables de Empleo, Presupuestos y de la Intervención -que están con él en el banquillo de acusados-, y que, como consejero, se limitó al “trámite” de elevarlo al Consejo de Gobierno para su aprobación.
Asegura que no recibió ningún informe de alerta

En su declaración de este miércoles, Griñán ha asegurado además que no recibió ninguno de los informes en los que el interventor alertaba de lo “inadecuado” el sistema por el que se pagaban las ayudas, vía la agencia pública IDEA con fondos que Empleo le mandaba mediante transferencias de financiación.

Tampoco recibió, según ha dicho, el informe adicional de 2005 sobre las cuentas de IDEA de 2003 en el que el interventor revisó una veintena de expedientes de ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo concluyendo que se daban “prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

El fiscal Manuel Fernández ha cuestionado qué finalidad tenía mandarlos a Hacienda y el expresidente ha dicho que “no tiene ningún fin” y obedece sólo a que la Intervención dependía orgánicamente de Hacienda.

Griñán ha defendido que no se los pasaron porque no requerían ninguna actuación suya como consejero de Hacienda y que los conoció al estallar el caso cuando preguntó por ellos y quien fuera su viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, “dijo exactamente que ninguno había sido remitido para actuación del consejero”.
Para todos los públicos Griñán asegura que se enteró del programa de ayudas de los ERE cuando estalló el caso
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Griñán asegura que se enteró del programa de ayudas de los ERE cuando estalló el caso

Tras una pausa, la sesión se ha retomado por la tarde con las últimas preguntas del fiscal. Si durante la mañana, Griñán ha insistido en que “jamás” recibió un informe del interventor que exigiera su actuación, por la tarde ha señalado que en las cuentas generales de la Junta aparecía cada año dicho programa de ayudas.

El expresidente de la Junta ha incidido en que por parte de la Cámara de Cuentas, que hizo el “control externo” de las cuentas generales de la Junta cada año, nunca “hubo “reproche alguno” al programa de ayudas que se investiga en el juicio de los ERE, “y mucho menos tacha de ilegalidad”.
Acusado de prevaricación y malversación

Durante la mayor parte del periodo en el que la Junta repartió 850 millones de euros, según la Fiscalía de forma arbitraria, Griñán no fue presidente (cargo en el que sucedió a Chaves en 2009 hasta su dimisión en 2013 ante su implicación en la investigación judicial), sino consejero de Hacienda.

Como tal, junto a los consejeros de Empleo e Innovación, era destinatario de los informes de la Intervención de la Junta en los que se alertaba de que el sistema usado para pagar las ayudas era “inadecuado” y en uno de ellos, en 2005, se señaló que se daban “prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

En abril de 2015, Griñán ya declaró en el Tribunal Supremo, al ser aforado en su condición de senador, y allí alegó que no recibió ni leyó esos informes, y a la salida dijo que con las ayudas de la Junta para ERE “no hubo un gran plan pero sí un gran fraude”, lo que, según sus palabras, “significa que algunos de los controles pudieron fallar” y se mostró “satisfecho” por “poder demostrar cómo la actuación de la Consejería de Hacienda y la Presidencia de la Junta de Andalucía fueron en todo momento conformes a derecho”, atribuyendo la responsabilidad del “modelo de ejecución del gasto” a la Consejería de Empleo.

Tras una comparecencia que ha durado siete días del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, este mismo la ha zanjado a primera hora de la sesión al negarse a seguir contestando al juez por sentirse “temeroso y aturdido”, dando inicio así a la esperada declaración de Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Griñán está acusado, junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos su antecesor Manuel Chaves -que declarará tras él-, de prevaricación y malversación por mantener presuntamente el “procedimiento específico” por el que entre 2001 y 2011 la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles.

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