España levanta la supervisión de las cuentas de la Generalitat catalana

El Gobierno ha decidido levantar la supervisión que ejercía hasta ahora sobre los gastos de la Generalitat, una vez que ha decaído la aplicación del artículo 155 de la Constitución, una decisión que la portavoz del nuevo Ejecutivo socialista, Isabel Celaá, ha enmarcado como una medida de “normalización política” con Cataluña y “en la confianza de que funcionará bien” y el Govern no usará sus recursos financieros para ahondar en el proceso independentista.

Es la primera y principal medida en relación con el que el Ejecutivo del PSOE asume como uno de sus objetivos prioritarios, la “normalización institucional”.

“Hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que el Gobierno de Cataluña pueda abordar los pagos sin necesidad de pasar por la supervisión de la Hacienda del Gobierno de España”, ha anunciado Celaá, quien ha añadido que eso no significa “en absoluto” que el Gobierno “no vaya a estar informado de las eventuales partidas que pudieran dirigirse a cuestiones catalanas”, en referencia a eventuales partidas dedicadas al desarrollo de la hoja de ruta independentista, a la que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha renunciado.

A este respecto, la ministra portavoz se ha mostrado confiada en que el Govern catalán hará sus provisiones de gasto “con arreglo a la ley y según sus competencias”.

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se verá con Torra en el contexto de una ronda de “reuniones bilaterales con todos y cada uno de los presidentes autonómicos”, aunque ha dejado claro que el derecho de autodeterminación queda “absolutamente fuera” del encuentro que mantendrá Sánchez con el mandatario catalán.

Según ha informado la portavoz, Sánchez iniciará este fin de semana una ronda de conversaciones telefónicas con los dirigentes de las comunidades autónomas para “fijar agenda” antes de llamarles a la Moncloa, donde también recibirá a los agentes sociales y líderes de la oposición y no ha concretado si Torra será “el primero o el tercero”.
“Constitución en una mano y diálogo en la otra”

La primera reunión del Consejo de Ministros del nuevo gobierno socialista, celebrada este viernes, ha servido para que los 17 nuevos ministros -11 ministras y seis ministros- pusieran sobre la mesa las agendas y ordenaran las prioridades de acción política. Entre ellos, obviamente, la situación política en Cataluña.

La portavoz ha afirmado que la “integridad territorial” es el principal problema del político, que se abordará “con la Constitución en una mano y el diálogo en la otra” (una expresión que ya usó en una entrevista por la mañana), sin querer avanzar más detalles que dará la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, la próxima semana.

Por lo demás, la portavoz del Gobierno no ha querido entrar en detalles de posibles decisiones que demandan los líderes independentistas, como el acercamiento a Cataluña de los dirigentes soberanistas en prisión preventiva o la situación de las leyes catalanas recurridas y paralizadas por el Tribunal Constitucional, pero sí ha dicho que Pedro Sánchez se reunirá con el presidente catalán.
Para todos los públicos Celaá: “El presidente se va a reunir con todos los presidentes autonómicos, tambien con Torra”
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Celaá: “El presidente se va a reunir con todos los presidentes autonómicos, tambien con Torra”

“El presidente se va a encontrar reuniones bilaterales con todos y cada uno de los presidentes autonómicos, no solo con Torra”, ha aclarado Celaá. Ella misma ya había adelantado a primera hora en declaraciones a Radio Euskadi que próximamente habría “una reunión con Torra que será probablemente antes del verano”.

También ha señalado que la tarea de “normalización institucional” en Cataluña la liderará Pedro Sánchez, pero será un cometido “transversal” a todo el Gobierno, mencionando en este sentido que el ministro Asuntos Exteriores, Josep Borrell, es “un buen faro para seguir orientando la política catalana”.
“Mejoras en política social” pero “respetando” los Presupuestos

En cuanto a política económica, Celaá tampoco no ha descendido a detalles, y tan solo ha apuntado ante las preguntas de los periodistas la posibilidad de “introducir mejoras en política social”, aunque “respetando” los Presupuestos Generales del Estado de 2018 aprobados en mayo en el Congreso, antes del cambio de Gobierno.

La portavoz ha indicado que “la cuestión de los impuestos no se ha tratado”. “Hay posibilidad y nosotros tenemos esa cuestión trabajada en muchas comunidades autónomas de introducir mejoras en política social”, señaló sin más.

También ha señalado, remitiendo a las palabras de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que se analizará “íntegramente” la reforma laboral de 2012 y se plantearán las modificaciones que considere oportunas.
La educación concertada “no tiene nada que temer”

En tanto que ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá ha asegurado que la educación concertada no tiene “nada que temer” tras el relevo en la Moncloa porque el nuevo Gobierno conoce su “valor”. “Y la respetamos”, ha apostillado.

“Yo he gestionado la educación en un ámbito autonómico [fue consejera en el Gobierno vasco de Patxi López] y he sabido entenderme con todos, y con la red concertada”, ha dicho a preguntas de un periodista, añadiendo que la educación pública es “una prioridad” para el Gobierno de Pedro Sánchez, “habida cuenta de que puede atender la pluralidad, la universalidad y la gratuidad”, ha explicado, pero asegurando que el Ejecutivo socialista también defenderá la concertada con “lealtad”.

La ministra de Educación también ha anunciado su compromiso específico de hacer “un buen lifting” a la Formación Profesional (FP), que considera “capital” para España pero no está “a la altura” que tiene en otros países europeos.

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